La mayor parte del gasto en I+D en salud —un 62% frente al 38% del sector privado— ha partido de iniciativas de centros de investigación dependientes de la Administración y de universidades públicas. Sin embargo, aunque los procesos se inician en el ámbito público, su desarrollo se lleva a cabo en el sector privado.

Cuando hay un resultado se patenta y lo compra una farmacéutica, que desarrolla ese medicamento y lo comercializa. De este modo, el Estado pierde totalmente el control sobre lo que invirtió y tiene que, posteriormente, comprar ese medicamento por el precio impuesto por la industria.

En otras palabras: el estado paga la investigación, las farmacéuticas venden el producto y el estado vuelve a pagar comprando el producto.

Y qué hace el estado para mejorar el sistema sanitario y evitar la corrupción? Prohibir las terapias alternativas.

Datos tomados de este artículo.

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